HONDURAS: DENUNCIAN GRAVE ATENTADO CONTRA INTEGRANTES DEL COPINH

HONDURAS
DENUNCIAN GRAVE ATENTADO CONTRA
INTEGRANTES DEL COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras DENUNCIA ante el pueblo de Honduras y a la opinión internacional que esta noche después de regresar de una diligencia por la resolución de un conflicto de una comunidad indígena de Santa Bárbara, los compañeros Juan Vásquez y Sotero Chavarría (miembros de la comisión ejecutiva del COPINH) fueron atacados por dos individuos que desde una motocicleta les dispararon por lo menos dos veces provocándoles un accidente automovilístico que no provocó daños personales, pero sí impactó sobre el vehículo de la organización y constituye un atentando criminal.
Desde hace meses el COPINH ha denunciado la campaña de amenazas, intimidación y agresión que se ha desplegado en contra de la organización y sus dirigentes y bases por parte de hombres armados del estado hondureño y de miembros a sueldo de compañías que intentan desarrollar megaproyectos en territorios indígenas. Las comunidades del COPINH se enfrentan en sus territorios con estos representantes de las empresas nacionales y transnacionales dispuestos a agredir y asesinar los miembros de la organización, con tal de llevar a cabo sus propósitos empresariales.
Como lo hemos denunciado muchas veces la represión contra nuestra organización al igual que contra otras personas de la resistencia arrecia. Sin embargo no van a detener nuestra legítima lucha por la tierra, los bienes naturales, la autonomía indígena y la soberanía de territorios y del país. No claudicaremos con nuestro sueño de Refundar la matria donde nacimos y queremos vivir. Decimos junto a todos y todas las que luchan: No nos callarán. No detendrán nuestra lucha.

Llamamos al pueblo de Honduras y sus organizaciones en Resistencia que cotidianamente son golpeadas por la represión y a las organizaciones y personas del mundo solidarias con esta lucha para que redoblemos esfuerzos por organizarnos ante la represión, denunciar, visibilizar la situación en el país, y usar toda nuestra energía y fuerza para que la vida y la justicia y no la muerte violenta sean nuestro destino.

Dado en La Esperanza, Intibucá 13 de junio del 2012

¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
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GUATEMALA
Yolanda Oquelí lidereza de la resistencia contra la minería de oro en San José el Golfo y San Pedro Ayampuc fue víctima de un vil atentado con arma de fuego

La tarde del miércoles 13 de junio de 2012 fue atacada a tiros la lidereza de la resistencia contra la minería de oro en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, Yolanda Oquelí, cuando se dirigía en su vehículo desde el plantón de La Puya hacia su casa en San José del Golfo.




Vecinos de la zona repudian a los sicarios de la mina Progreso VII

Yolanda, junto a otros líderes del movimiento antiminero de la zona norte metropolitana había venido sufriendo intimidaciones y amenazas por parte de funcionarios de la empresa Servicios Mineros de Centro América S.A. que funciona en San Jose del Golfo bajo la dirección del Coronel Luis Aguirre y los también Coroneles Mario Figueroa Archila y Arias Mendez. Esta empresa se dedica a dividir y a amenazar a la población de estos dos municipios donde se ha planteado una fuerte resistencia a la instalación de proyectos mineros de oro como el llamado Progreso VII Derivada (la Puya) localizado en el municipio de San Pedro Ayampuc, cuyo representante legal es Selvin Antonio Morales Valdez, ex-Director de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Yolanda Oquelí fue atacada a balazos cuando desconocidos le atravezaron una motocicleta en las inmediaciones del cementerio de San José del Golfo. Diás antes Yolanda y otros líderes antimineros, presentaron una serie de denuncias ante el Ministerio Publico por intimidaciones, amenazas y criminalización por ejercer su derecho de resistencia pacífica.

Ante este repudiable crimen MANIFESTAMOS

· Es inaceptable que el gobierno apoye y tolere a compañías mineras que pretenden imponer sus proyectos por medio de amenazas, intimidación y violencia contra mujeres y hombres que ejercen su legítimo derecho a la resistencia resistencia pacífica y legal contra actividades extractivas que atentan contra la vida, la, integridad física y moral, el derecho a un ambiente sano y seguro y el derecho humano al agua.

· Exigimos a las instancias del sistema de justicia su inmediata intervención para que investiguen este vil ataque a Yolanda Oquelí e identifiquen a los autores intelectuales y materiales de este hecho los hechos y para que sean sancionados de acuerdo a su responsabilidad por este acto criminal.

· Demandamos al poder ejecutivo que ponga un alto a su política de entregar a empresas mineras nuestro territorio y bienes naturales sin llevar a cabo la debida consulta previa, libre e informada a las poblaciones afectadas sobre las consecuencias que conllevan este tipo de proyectos, tal como lo exigen el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT. La persistencia del gobierno de la mano dura en imponer autoritariamente estos proyectos extractivos esta llevando a nuestro país a una situación de violencia represiva que resulta absolutamente inaceptable.

· Exigimos a los organismos responsables de velar por el respeto a los derechos humanos que se tomen medidas inmediatas de protección efectiva para garantizar la vida de la lidereza y defensora de derechos humanos: Yolanda Oquelí.

· Que se emitan medidas de protección a las comunidades del municipio de San Jose el Golfo y San Pedro Ayampuc que permanecen a inmediaciones de las instalaciones del proyecto Minero Progreso VII Derivada (la Puya), pues ellas y ellos están ejerciendo su derecho constitucional enunciado en el ARTICULO 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

o “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.

Esta resistencia pacífica está siendo ejercida por hombres, mujeres niños y niñas, católicos, evangélicos, laicos, población indígena y campesina, comerciantes, agricultores e intelectuales que en ningún momento han sido consultados sobre la instalación de proyectos mineros. Las personas que resisten ante este tipo de proyectos identifican con claridad los riesgos que la actividad minera representa para sostener una vida digna.

· Repudiamos la violencia contra Yoli y las comunidades en resistencia que se han destacado por su valor y decisión en defensa de la vida, el agua y su territorio. Nos solidarizamos con la familia de Yoli y con el valeroso pueblo de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que están dando un ejemplo de dignidad con su lucha pacífica y legal contra la imposición autoritaria del gobierno y las empresas mineras.

¡Todos somos Santa Cruz Barillas!

¡Todos somos La Puya!

¡Todos somos Yolanda!

Guatemala, martes 13 de junio de 2012.

Colectivo Ecologista MadreSelva
Luchamos por la paz y una vida digna para las futuras generaciones.

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CHILE
El pinochetismo, versión chilena del neo-nazismo
Por Ernesto Carmona *
Miércoles, 13 de Junio de 2012

Con el pretexto de auspiciar la “libertad de expresión” el gobierno de Piñera permitió la realización de un homenaje al dictador Pinochet en el centro de Santiago que provocó destrucción y caos en una parte céntrica de la ciudad habitada por clase media trabajadora. La apología del terrorismo de Estado que imperó por 17 años (1973-1990) provocó la esperada reacción de los ciudadanos que consideraron irritante el homenaje organizado por militares en retiro y otro que está preso.

El gobierno de Piñera, que no honra “la libertad de expresión” cuando suele prohibir algunas marchas de estudiantes, autorizó el bochornoso homenaje y, en cierto modo, protegió a los asistentes, quienes niegan de manera enfermiza la existencia real de los peores crímenes contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en la historia de Chile. Al final del acto incluso la policía ayudó a los pinochetistas a subir sin pagar pasaje a los autobuses que los sacaron del lugar.

En su muestra de “pluralismo”, el gobierno autorizó la contra-manifestación a escasas dos cuadras del teatro Caupolicán, donde los pinochetistas estrenaron un documental anticomunista titulado “Pinochet”, dirigido por Ignacio Zegers, con entradas a 10 y 30 dólares. El cinematografista Miguel Littin denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) que los realizadores del filme usaron imágenes robadas de su película “Compañero Presidente”, de 1971, que refleja conversaciones entre Salvador Allende y el escritor francés Régis Debray.

Littin quiso impedir que exhibieran el documental con sus imágenes sustraídas “para tergiversar el pensamiento y la imagen del presidente Allende”, cuyos derechos le pertenecen. La PDI tomó nota, pero respondió que no podía actuar mientras no se concretara el delito, es decir, la exhibición pública del filme. En definitiva, la policía civil apoyó el homenaje por omisión, pues las imágenes de Littin se exhibieron profusamente en noticiarios de televisión abierta y por cable en los días previos.

Pocos se enteraron que también asistieron tres “delegados extranjeros”, de la internacional del fascismo contemporáneo: los españoles Miguel Méndez, nieto de Blas Piñar, ministro del dictador Francisco Franco (1939-1975), y Jaime Alonso, uno de los abogados querellantes contra el juez Baltasar Garzón -quien logró la detención de Pinochet en Londres en 1998-; y el cubano-estadounidense Yasser Torres, que se presenta como "presidente de la juventud cubana en el exilio". Otros anunciado no comparecieron: Carlos Jiménez, alcalde del condado Miami-Dade; Anitere Flores, presidente del senado Estatal de La Florida; Tomas Regalado, alcalde de Miami; Marco Rubio, senador federal; y Mario Díaz Balart, congresista federal.

El gobierno se preocupó de la protección y resguardo de los asistentes al homenaje a Pinochet con unos 500 carabineros, casi uno por asistente. Los gastos operacionales, de transporte, combustible, horas extras, gases, alimentación, bombas, bastones, balas de goma, etc., corrieron por quienes pagan sus impuestos. Otro grueso contingente policial fue destinado a reprimir la contra manifestación.




Incidentes en los alrededores del estadio Caupolicán
El Teatro Caupolicán no está en el sector de la ciudad donde viven los más ricos y se encuentran “las bases sociales” del pinochetismo. Tampoco se requería un adivino para prever que la provocación pinochetista y la contra manifestación terminarían en combates y desórdenes que duraron hasta la noche, con enormes perdidas y destrucción de bienes públicos y privados, más la zozobra de vecinos y comerciantes de esa parte de la ciudad que no pudieron descansar en domingo. El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, ex pinochetista y de extrema derecha, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), se mostró contrario a autorizar el homenaje, facultad que no es municipal sino del gobierno y se ejerce a través de la Intendencia de la Región Metropolitana.

Decadencia del pinochetismo

Horas antes del homenaje a Pinochet, el ministro vocero Andrés Chadwick, de la UDI, sorprendió al conseguirse la TV pública para declarar arrepentimiento por haber apoyado a Pinochet. Dijo: "en la perspectiva del tiempo, de la madurez política que uno va aprendiendo y de los conocimientos que uno va adquiriendo, hay una situación que sí me arrepiento, que es la violación brutal a los derechos humanos que se efectuó en el gobierno militar y de eso tengo un profundo arrepentimiento de haber sido parte de un gobierno, haber sido partidario de un gobierno donde esos hechos sucedían". Respecto al homenaje, Chadwick dijo "yo creo, en lo personal y mirando las situaciones del pasado, que debiéramos no continuar con homenajes, en relación a los actores del pasado. Eso nos genera divisiones, no creo que sea necesario un homenaje ni a Pinochet ni a situaciones del pasado".

El lunes Chadwick reiteró sus declaraciones de arrepentimiento y fue secundado por Jaime Lavín, también de la UDI y ministro de Desarrollo Social, que en su juventud fue un recalcitrante pinochetista pero declaró su alejamiento cuando fue candidato presidencial en 2000 y 2006. Todavía no se pronuncia el ministro UDI de Economía, Pablo Longueira, otro pinochetista distinguido, y el sub secretario de Economía, Julio Dittborn, ex vicepresidente de la UDI.

Las señales políticas de Chadwick y Lavín no comprometen a toda la UDI, ni al gobierno en su conjunto, pero dejan en orfandad a los sectores que organizaron el homenaje al dictador, cumpliendo una agenda que pretende facilitar la candidatura presidencial del ultra derechista alcalde de Providencia Cristián Labbé, también de la UDI y ex oficial de ejército adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

El gesto parece indicar que el guión de la política de la derecha hoy lo escriben civiles que reconocen las violaciones de los derechos humanos de militares como los organizadores abiertos y encubiertos del homenaje, que siguen creyéndose “salvadores de la patria ante el peligro comunista”. Está claro que los militares siempre actúan en política inducidos por los civiles cuando les falla el juego electoral.